UGT ha dirigido escrito al Ministro de Justicia para exigir que se
dirija a los grupos parlamentarios de la oposición en el Congreso y comenzar a
trabajar en una nueva vacatio legis
con carácter urgente, mínima de dos años, para impedir que la Ley 20/2011,
pueda entrar en vigor el próximo 1 de julio de 2018.
Desde UGT consideramos que es una obligación del Ministro de Justicia,
ya que al asumir esta cartera, para sustituir a Gallardón fue uno de sus
principales compromisos, resolver la situación del Registro Civil para que continúe
en nuestra Administración de Justicia, servido por los funcionarios de nuestra
Administración para seguir siendo un servicio público y gratuito.
Después del varapalo sufrido con su proposición de ley, al no haber
sacado los votos necesarios para ser tenida en consideración y comenzar su
trámite parlamentario, no hay que quedarse de brazos cruzados o incluso
intentar boicotear otras proposiciones de ley que tienen la misma finalidad que
la del Ministro. Pero viendo las enmiendas que el Ministerio ha realizado a
esta nueva proposición de ley de otro grupo parlamentario, podemos decir que el
Ministerio de Justicia y su grupo parlamentario desechan en la totalidad esta
nueva proposición. Además, teniendo en cuanta la situación de debilidad del PP
para sacar adelante cualquier proyecto normativo, desde UGT vemos inviable que
pueda ser aprobada antes del 30 de junio.
UGT por tanto, exige
responsabilidad al Ministro de Justicia y que cumpla su compromiso inicial
liderando la proposición de una nueva vacatio
legis y consensuando su apoyo con el resto de los grupos de la posición, ya
que el tiempo juega en contra de este servicio público y es responsabilidad
también de todos los demás grupos parlamentarios resolver la situación de este
Servicio Público.
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