viernes, 6 de abril de 2018

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2018 PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA


Los créditos asignados a la política Justicia para el ejercicio 2018 ascienden a 1.781 millones de euros, lo que supone un incremento respecto al presupuesto de 2017 del 3,2 por ciento, suponiendo un incremento de 53 millones de euros.
Por su parte, la participación del Consejo General del Poder Judicial es de 58 millones de euros, lo que implica un incremento respecto al ejercicio 2017 de 2 millones de euros, es decir, el 3,3 por ciento.
GASTOS DE PERSONAL:
Los gastos de personal con los que se dota esta política alcanzan en el ejercicio 2018 los 1.389 millones de euros. Además, las dotaciones destinadas al gasto social durante el ejercicio 2018 se prevé que alcancen los 50 millones.

La asistencia jurídica gratuita se destinan 49 millones de euros, 12 millones más que en el ejercicio 2017.
El Gobierno prevé destinar a Justicia un 3,2 por ciento más convocándose 300 plazas de jueces y fiscales.
Y respecto al resto de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia llevarán a cabo convocatorias de Ofertas de Empleo Público para el período 2017-2019 en virtud del "Acuerdo para la mejora del Empleo Público” con el Gobierno por UGT con CCOO y CSIF el 29 de marzo de 2017, que ha permitido la convocatoria de 3.704 plazas para funcionarios de la Administración de Justicia en su primer ejercicio de desarrollo y una previsión para 2018 de más de 3.000 plazas.
JUSTICIA DIGITAL:
132 MILLONES DE EUROS El Gobierno prevé destinar para este año un total de 132 millones de euros que se utilizar para la implementación de una nueva aplicación informática que implica el desarrollo de un sistema de gestión
MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL:
Para llevar a cabo estos planes de transformación tecnológica y las actuaciones competenciales del programa Registros vinculados con la Fe Pública, las dotaciones presupuestarias asignadas en 2018 alcanzan los 34 millones de euros, lo que supone un incremento del 13,5 por ciento sobre 2017.procesal común.


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