lunes, 27 de abril de 2020

LAS MEDIDAS QUE PRETENDE ADOPTAR EL MINISTRO DE JUSTICIA PONEN EN RIESGO A DECENAS DE MILES DE FUNCIONARIOS


UGT Justicia denuncia que las medidas que pretende adoptar, sin negociar, el ministro de Justicia Juan Carlos Campo en su regreso a la actividad con el REAL DECRETO LEY DE MEDIDAS PROCESALES implican una significativa modificación de nuestras condiciones laborales afectando, entre otros, a La movilidad funcionarial, a nuestra jornada laboral, la habilitación de días, Al Registro Civil, a los Juzgados de nueva creación y que previsiblemente aprobará mañana, “ponen en peligro a decenas de miles de funcionarios”

La medida que propone el ministro de establecer turnos de mañana y tarde sin realizar la ineludible desinfección de los puestos de trabajo en las dependencias judiciales entre un turno y otro, dado que se solapan los dos turnos es un disparate colosal que facilitaría la propagación del COVID-19 entre el personal de Justicia.


Y la decisión de que los funcionarios vayan cambiando cada día de un juzgado a otro es un despropósito, que propiciaría la transmisión del virus poniendo en riesgo la salud y la vida de miles de trabajadores y trabajadoras, por no decir que, en estos momentos, técnicamente es imposible y organizativamente un desastre.

Queremos dejar clara nuestra postura, y tiempo tendremos de analizar las reformas procesales, la efectividad de las mismas y como nos afectan a  nuestros derechos laborales. Dicho esto:
¿Qué es lo que pretendemos?
1.- Que la salud de los trabajadores y de sus familias esté por encima de intereses  de grupos de presión, por muy respetables que éstos sean.
2.- Qué las medidas que se adopten  lo sean en beneficio de la sociedad en su conjunto, atendiendo a criterios médicos y científicos y subsidiariamente a criterios económicos, políticos o jurídicos.  Flaco favor le hacemos al sistema sanitario y al resto de la sociedad si nos convertimos en centros de contagio y expansión de la enfermedad.

¿Qué  es lo que proponemos? Que las medidas que se propongan han de estar subordinadas  a un plan a nivel nacional, elaborado  por el Ministerio de Justicia, con la intervención del resto de administraciones y representantes de los trabajadores, en el que se establezcan como obligaciones de las administraciones, las siguientes:
-Fijar un  Calendario claro de incorporaciones progresivas del personal,
-Garantía de que todas las sedes, inicialmente, han de tener aseguradas las medidas de protección colectiva e individual para la protección, y que el flujo del suministro de las mismas está constantemente garantizado.
- Garantía de la voluntariedad respecto del Teletrabajo, Elección de turnos de trabajo y la Movilidad a distinto órgano Judicial.
-Realización de pruebas de detección a todos los empleados públicos en cuanto las disponibilidades lo permitan, y en similares condiciones a las de los miembros de los cuerpos de seguridad y de forma inmediata en cuanto se produzca caso alguno o sospecha de contagio en la unidad judicial correspondiente.
-Transparencia absoluta sobre los organismos judiciales que se vean afectados, con suspensión inmediata de las actividades en los lugares en que se detecten casos, atendiendo a criterios sanitarios  y no jurídicos exclusivamente
-Intensificación de las medidas de limpieza y desinfección de las sedes y conocimiento en tiempo real del momento en que se ha realizado la última actuación.
- Incrementar a través de los vigilantes de las sedes judiciales, el control estricto de las personas que acceden a las sedes, motivos justificados de su comparecencia personal y prohibición de acceso en el caso de que no se encuentren justificados.

El Ministro, se equivoca al sacar adelante este Real Decreto mañana martes y escudándose en el Estado de Alarma no tener en cuenta la opinión, las sugerencias y sobre todo la seguridad de los trabajadores, que en definitiva somos quienes, como siempre, transformaremos la teoría de esta reforma, en la realidad del funcionamiento judicial, solucionando en el día a día todas sus meteduras de pata.

El que el 11 de Agosto sea hábil, que los plazos para apelar se dupliquen, o que los procuradores no tengan que usar toga es de humor negro cuando, nos jugamos la vida, la de nuestras familias o ponemos en riesgo los avances de la lucha encabezada por nuestros sanitarios y con el sacrificio de todos en estos más de cuarenta días de confinamiento. 

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