El punto más importante, por discutible, resultado de la misma,
fue que la DGJ ha asumido la propuesta realizada por CCOO, y sus
asesores/as, sobre las puntuaciones máximas a valorar en cada una de
las fases del concurso específico reguladas en los articulos 49 y 48 del
RD 1451/2005 sobre Ingreso y Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional del Personal al Servicio de la Administración
de Justicia. Ello implica que la Comunidad Valenciana
será “pionera” en la interpretación de los citados
artículos.
De acuerdo con esta propuesta, la Administración puede establecer
el máximo de puntuación en cada una de las fases, siempre que se
encuentre por debajo de la puntuación máxima contemplada por
la legislación. En la práctica, se establece que la puntuación
máxima para la fase de méritos generales será de 60 puntos (en
lugar de hasta los 72 previstos para comunidades con lengua propia),
y de 40 para la fase de méritos específicos (en lugar de los 43
puntos). Concretando aún más, significa dar relevancia a
“otros méritos”, respecto de la antigüedad y el idioma propio,
que se valorarán respectivamente hasta 37 puntos (de los 45
previstos) y 8 puntos (de los 12 previstos).
Dicha interpretación no es baladí, en el momento en el que nos
encontramos de próximos traslados y jubilaciones. Desde
UGT consideramos que, la interpretación realizada por la
Administración, a propuesta de CCOO, es muy forzada. Consideramos
que la puntuación máxima establecida en la legislación no es
negociable, sino que son las puntuaciones máximas que deben de
valorarse en las distintas fases de los concursos específicos, sin
que ningún candidato pueda obtener una calificación en la segunda
fase del concurso que sobrepase el 40% de la suma total de las dos
notas. Garantía de que las funciones propias de puesto sean
valoradas, por encima de otras tareas como las docentes o
investigadoras.
De momento, solo queda esperar a la publicación de los concursos.
Hasta entonces, os recomendamos que cada cual valore el asunto. Por
nuestra parte, llegado el momento, no descartamos la
interposición de los recursos previstos en la ley.
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