El pasado día 21 de noviembre, tuvo lugar una reunión
entre UGT y el resto de los sindicatos convocantes de las movilizaciones (CCOO,
CSIF y STAJ) con el Ministerio de Justicia. En esta reunión se nos informó que
el Gobierno, a través de su grupo parlamentario, había presentado una enmienda
en el Senado para modificar la redacción del art. 521 aprobada en el Congreso
de los Diputados. Con dicha enmienda se suprimía la reforma de dicho artículo y
se mantenía, al menos, la diversidad de centros de destino que recoge la LOPJ
vigente, eliminando al municipio como único centro de destino.
La situación actual es que varios grupos parlamentarios
(PSOE, PODEMOS,……), a excepción del Grupo Parlamentario Popular, han presentado
enmiendas para conservar los actuales centros de destino. Estas enmiendas no
serán efectivas sin el voto favorable del PP, que tiene una amplia mayoría en
el Senado. Es decir, si el PP NO VOTA A FAVOR DE DICHAS ENMIENDAS, LAS MISMAS
NO VALEN DE NADA. Por ello, en estos momentos, al no tener ninguna garantía de
que la redacción del art. 521 aprobada en el Congreso se suprima en el Senado,
al no haberse pronunciado el PP a favor de dicha supresión, se hace necesario
mantener las movilizaciones.
El PP puede demostrar, mediante la aprobación de las
enmiendas presentadas, su voluntad de no empeorar los derechos laborales de los
trabajadores de la administración de justicia. Algo que hasta ahora no ha
hecho.
Todo lo ocurrido ha sido consecuencia, como ha denunciado
reiteradamente UGT, del chalaneo de los grupos políticos (PSOE, PP, PODEMOS,
COMPROMIS y PNV) en el que, para conseguir un acuerdo entre ellos sobre el CGPJ
y el acceso a las altas judicaturas del Estado, no les ha importado sacrificar
los derechos de los trabajadores judiciales y el funcionamiento eficaz de la
propia Administración de Justicia. Intereses políticos que han quedado patentes
estos días con las polémicas informaciones aparecidas en prensa.
Para que UGT suspenda las movilizaciones, es necesario que se
garantice, al menos, el mantenimiento de los actuales centros de destino y que
se firme un Acuerdo que recoja la obligación de negociar e incorporar en la
LOPJ:
1. La obligación de ampliar los puestos de trabajo en las
oficinas judiciales y fiscales, cuando se nombren Jueces o Fiscales de
refuerzo, cuando determinados juzgados especializados asuman competencias de
otros órganos del mismo orden jurisdiccional y cuando se creen las Secciones de
Instancia.
2. El mantenimiento de los refuerzos por el tiempo necesario
mientras persista la causa que motivó su nombramiento.
3. Que los nombramientos de funcionarios interinos sean
efectivos en el caso de sustituciones de los propios funcionarios interinos, y
no sólo de los titulares.
4. La eliminación, en la propia LOPJ, de cualquier referencia
a los descuentos retributivos en las situaciones de incapacidad
temporal/licencias por enfermedad.
5. El establecimiento y retribución de la carrera profesional
horizontal.
6. La reserva del 50% de las vacantes que se produzcan y que
integren las OEP, para la promoción interna, en todos los cuerpos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario