El pasado miércoles 24 de octubre los 31 diputados del PP, PSOE, Podemos, Compromís y el PNV, que integran la Comisión de Justicia del Congreso, con los votos en contra de los diputados de Ciudadanos y las dos absteciones de los de ERC y el PD-CAT, han aprobado el informe (ver informe) sobre la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, de reforma parcial del régimen de permisos y licencias.
En esta reforma de la LOPJ, que pasará al pleno del Congreso la próxima semana, y después al Senado, se recuperan los 3 días de asuntos particulares (hasta completar los 9) que nos arrebataron en la reforma de la LOPJ del 2012, pero también se recogen modificaciones de nuestro régimen jurídico, propuestas ya en febrero de este año por el ex-ministro Catalá y su grupo parlamentario, en sus 50 enmiendas, que trituran algunos de los derechos más importantes que tenemos. Los intereses partidistas del PSOE, PODEMOS, COMPROMIS y el PNV, por conseguir determinadas aspiraciones en la reforma del CGPJ, ha permitido que algunas de las 50 enmiendas del ex-ministro, aniquilen nuestros derechos.
Los 31 diputados del SÍ a la reforma, por los "denarios" del CGPJ han vendido y sacrificado a los funcionarios judiciales, olvidándose de nuestras reivindicaciones: la recuperación del 50 % de las plazas de la OEP para la promoción interna, la eliminación de las referencias a los descuentos por la IT del art. 504 de la LOPJ, instaurar la carrera profesional, la mejora de nuestras retribuciones por las nuevas responsabilidades introducidas por el expediente digital y el acceso a las bases de datos, la regulación de las comisiones de servicios y las sustituciones verticales y horizontales, el optimizar los sistemas de provisión de puestos, perfeccionar y facilitar la selección de ingreso y la promoción profesional, etc...).
Los 31 diputados, y la actual Ministra, con su pasividad e inoperancia, han sido cómplices del autoritarismo del ex-ministro Catalá, y en lugar de adoptar medidas para agilizar y modernizar la Justicia, dotándola de medios materiales y humanos suficientes que den una respuesta eficaz a los retos que se le plantean, han aprobado una reforma de la LOPJ que, en lo que nos afecta directamente, liquida nuestros derechos de negociación y empeora y deteriora nuestras condiciones de trabajo, convirtiéndose, para nuestro colectivo, en una de las agresiones más graves que hemos sufrido. El contenido de la reforma, que afecta a la esencia de nuestras condiciones de trabajo, jamás se ha llevado a la Mesa Sectorial de Negociación, incumpliendo, con ello, el artículo 37.1 del EBEP. Parece mentira que los responsables de la legalidad incumplan la legalidad tan descaradamente.
En el contenido de la reforma que se pretende, y a salvo de la recuperación de los tres días de asuntos particulares, nadie encontrará nada que mejore nuestras condiciones de trabajo. Al contrario, y en lo que nos afecta, sólo encontrará la plasmación jurídica de un deseo, dar una vuelta de tuerca más para degradar nuestros derechos.
Lo que pretenden, nada más y nada menos, entre otras cosas, es:
- Reducir, aún más, en la Nueva Oficina Judicial, nuestros centros de destino. El nuevo centro de destino ahora es el MUNICIPIO, ni las Upads, ni los Servicios Comunes Procesales, ni las Unidades Administrativas..., SOLO EL MUNICIPIO, con lo que la voluntad en la elección de destino tras superar las oposiciones, en los concursos de traslado, en las peticiones de comisiones de servicio, adscripciones, etc..., queda ahora a merced de la voluntad de los "superiores jerárquicos", funcionales y orgánicos, y a la movilidad forzosa de donde nos quieran mandar dentro del municipio, por lo que el escalafón salta por los aires y ya no sirve para nada en las reordenaciones o redistribuciones de efectivos.
- Se introduce y reafirma el viejo sueño del ex-ministro Catalá en implantar los "órganos colegiados en los órganos unipersonales", que antes les llamaban "tribunales de instancia", "como forma colectiva de organización del trabajo", incluyendo que una misma UPAD pueda estar al servicio de varias de estas Secciones de Instancia. Y que el nombramiento de los jueces de refuerzo no conlleve el nombramiento de funcionarios de refuerzo. O sea, muchos jefes y pocos "indios".
- Se refuerza la estructura jerárquica en los Letrados de la Administración de Justicia, reforzando a su vez su "dirección funcional" además de la técnico procesal, sobre el personal del centro de destino que tengan encomendados, con lo que se abrirá, de nuevo, las posibilidades de la discrecionalidad y la arbitrariedad en la asignación de funciones. Relacionado y unido con lo anterior es sorprendente la reversión de competencias en los expedientes disciplinarios que se pretende en la reforma (quitándosela a las CCAA con competencias asumiendo las competencias de instrucción y sanción en determinadas faltas graves (elegidas muy a conciencia: los apartados 1, 2, 6 y 8, de la letra b) del art. 536 de la LOPJ) y todas las faltas muy graves, lo que modificará, probablemente, la elección de los Instructores de esos expedientes, que en muchas Administraciones son funcionarios de las Inspecciones de Servicio, evitando el posible corporativismo de los LAJ, Jueces o Fiscales.
- Asimismo se introducen propuestas muy singulares sobre procesos selectivos en los que no se ocupan todas las plazas ofertadas. Se reduce el nombramiento de los refuerzos, estableciendo un plazo temporal de 6 meses, no porque esos refuerzos se puedan convertir en plantilla, sino para ahorrar dinero y que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no les tire de las orejas por los abusos que se cometen desde las Administraciones en las prórrogas continuas de los mismos.
En definitiva, propuestas que diezman nuestros derechos y que exigen una respuesta contundente de oposición a las mismas: acciones y movilizaciones unitarias (sin descartar la huelga), y reprobar a la Ministra de Justicia, exigiendo su dimisión, si no da marcha atrás en la reforma planteada.
No hay comentarios:
Publicar un comentario