EL MINISTRO DE JUSTICIA , CON SU APISONADORA LEGISLATIVA, VUELVE A TRITURAR NUESTROS DERECHOS LABORALES.

UGT EXIGIRÁ LA DIMISIÓN DEL MINISTRO DE JUSTICIA SI NO RETIRA, INMEDIATAMENTE, LAS ENMIENDAS A LA LOPJ QUE ANIQUILAN DERECHOS COSTOSAMENTE CONSEGUIDOS.

El autoritarismo de este ministerio no tiene límites. Su inoperancia, tampoco. Es incapaz de agilizar y modernizar la Justicia, dotándola de medios materiales y humanos suficientes que den una respuesta eficaz a los retos que se le plantean, pero es capaz de concitar, por unanimidad, el descontento y la reprobación de todos los colectivos judiciales.

En el 2015, con la reforma de la LOPJ operada por la Ley 7/2015, se cargó nuestra promoción interna, reduciendo del 50 al 30 % las plazas destinadas a la misma. En ese mismo año firmó un Acuerdo, publicado en el BOE, que ha incumplido amplia­mente con una desfachatez inigualable. Mantiene la privatización de competencias de los registros civiles en manos de registradores y notarios, sien­do incapaz de llegar a un acuerdo de mínimos con otros grupos políticos para preservar el destino del Registro Civil, con su implantación actual, en el ámbito de la Administración de Justicia. Los défi­cits de la nueva oficina judicial y del expediente digital son alarmantes. Su falta de capacidad para la negociación de los temas importantes que nos interesan y para la gestión ordinaria, hieren la inteligencia. Con este ministerio sólo hay una evi­dencia: la recuperación de derechos y la mejora de nuestras condiciones de trabajo ( como los no descuentos en las situaciones de IT, la mejora de nuestras retribuciones, el optimizar los sistemas de provisión de puestos, perfeccionar y facilitar la selección de ingreso y la promoción profesional , instaurar la carre­ra profesional,…..), no le interesan. .

Y si lo anterior no es suficiente sufrimiento, nuestro in­efable ministro nos quiere rematar con su apisonadora legislativa. Su reforma de la LOPJ, planteada, al dictado, por su grupo parlamentario con un golpe de autoritaris­mo sin precedentes, quiere liquidar nuestros derechos de negociación y empeorar y deteriorar, aún más, nuestras condiciones de trabajo.

Lo que inicialmente iba a ser, en palabras del Director Ge­neral, manifestadas en la reunión de la Mesa Sectorial de Negociación del pasado 23 de febrero, una mera reforma técnica de mejora de la LOPJ, ocultándonos su conteni­do real, se ha convertido, para nuestro colectivo, en una de las agresiones más graves que hemos sufrido. Sin dar cuenta a los representantes de los trabajadores de la fe­lonía que se pretendía, el grupo parlamentario popular presentó, el pasado 27 de febrero, cuatro días después de la reunión de la Mesa Sectorial, con un fin de semana en medio, una batería de 50 enmiendas a la proposición de ley, de folio y medio, tomada ya en consideración por una muy amplia mayoría del arco parlamentario, que preten­día, inicialmente, restaurar los tres días de asuntos par­ticulares que se nos arrebató con el Decretazo-Rajoy del 2012 y otros derechos arrebatados y exigidos, también , por jueces y fiscales.

En estas 50 enmiendas nadie encontrará nada que mejore nuestras condiciones de trabajo. Al con­trario, y en lo que nos afecta, sólo encontrará la plasmación jurídica de un deseo, el del dueño del cortijo: los funcionarios judiciales sólo tienen obli­gaciones, y una especial, la de obedecer.

Lo que pretenden, nada más y nada menos, es:

                        Reducir, aún más, en la Nueva Oficina Ju­dicial, nuestros centros de destino. El nuevo centro de destino es la localidad o municipio, ni las UPADs, ni los servicios comunes proce­sales, ni las unidades administrativas,…., SÓLO LA LOCALIDAD o MUNICIPIO, con lo que la movilidad voluntaria, la elección de destino tras superar las oposiciones, en los concursos de traslado, en las peticiones de comisiones de servicio,, adscripciones, redistribuciones, etc,…, queda reducida al municipio o locali­dad, y en ésta, quedamos a merced de la vo­luntad de los “superiores jerárquicos”, fun­cionales y orgánicos, y a la movilidad forzosa de donde nos quieran mandar.

                        Se introduce y reafirma el viejo sueño de los responsables de este ministerio de implan­tar los “tribunales de instancia”, que ahora se llaman “secciones judiciales de instancia”, “como forma colectiva de organización del trabajo”, según ellos, y que pretende centrali­zar las sedes judiciales, poniendo en peligro la planta territorial actual de los partidos judicia­les, reduciendo los mismos, lo que podría provo­car traslados de personal de unas localidades a otras. Asimismo se refuerzan las posibilidades de incrementar el número de jueces adscritos a los órga­nos judiciales, eso sí, sin que ello implique el incremen­to paralelo de las plantillas de funcionarios judiciales. La propuesta incluye que una misma UPAD pueda estar al servicio de varias de estas Secciones de Instancia.

                        Se refuerza la estructura jerárquica en los LAJ, re­forzando, a su vez, su “ dirección funcional” , ade­más de la técnico procesal, sobre el personal del cen­tro de destino que tengan encomendados, con lo que se abrirá, de nuevo, la discrecionalidad y el mercadeo de “favores” de compensación entre funcionarios obe­dientes o displicentes y los visados de permisos, elec­ción de períodos de vacaciones, etc,…… Relacionado y unido con lo anterior es sorprendente la reversión de competencias en los expedientes disciplinarios que pre­tende el ministerio (quitándosela a las CC.AA. con com­petencias), asumiendo las competencias de instrucción y sanción en determinadas faltas graves (elegidas muy a conciencia) y todas las faltas muy graves, lo que mo­dificará, probablemente, la elección de los Instructores de esos expedientes, que en muchas administraciones son funcionarios de la Administración General, y no LAJ, jueces o fiscales. Asimismo se introducen propues­tas muy singulares sobre procesos selectivos en los que no se ocupan todas las plazas ofertadas.

En definitiva, propuestas que diezman nuestros derechos y que exigen una respuesta contundente de oposición a las mismas: movilizaciones unitarias (incluida la huelga), gestionar y conseguir la oposición de los grupos parla­mentarios del Congreso y Senado para que no prospere estas iniciativas, aprovechando que no tienen la mayoría absoluta, etc,.. …., y reprobar al Ministro de Justicia, exi­giendo su dimisión, si no da marcha atrás en la reforma planteada.