Los sindicatos convocantes exigimos la negociación de la Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia para garantizar las condiciones de trabajo, los centros de destino y las funciones del personal funcionario, cuestiones que, en la Comunidad Valenciana, afectan a los más de 6.000 funcionarios y funcionarias que trabaja en los distintos juzgados de nuestra Comunidad.
Denunciamos que el proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa no garantiza nuestros actuales centros de destino ni las retribuciones y demás derechos laborales y puede suponer una importante reducción de puestos de trabajo y supresión de servicios que presta la Administración de Justicia. Se podrán imponer nuevas Relaciones de Puestos de trabajo sin negociación y se permitirá la movilidad funcional y geográfica del personal y la asignación de funciones correspondientes a otros centros de trabajo distintos de aquél en que se está destinado, lo que puede ser utilizada para el control político de la Administración de Justicia.
Por otra parte, exigimos el desarrollo y retribución de la Carrera Profesional, que es un derecho reconocido en la Ley Orgánica del Poder Judicial desde 2019 pero que el Ministerio se niega a desarrollar. Exigimos la mejora de la Promoción Interna para la recuperación del 50% de las plazas de las Ofertas de Empleo Público para este turno, que deberá de ser por concurso de méritos y una convocatoria extraordinaria añadida a la convocatoria del turno libre de los procesos de estabilización, así como la convocatoria de Concursos de Traslado con todas las plazas vacantes, denunciado que muchas de ellas se ocultan al acceso del personal titular año tras año, sin justificación alguna.
Respecto al Registro Civil, exigimos la negociación del Reglamento y Relaciones de Puestos de Trabajo del Registro Civil y denunciamos que el despliegue de los nuevos Registros Civiles se está llevando a cabo de forma unilateral, sin negociación colectiva, que se están asignando arbitrariamente nuevas funciones al personal, sin incremento de plantillas y el nefasto funcionamiento del nuevo programa informático.
A estas reivindicaciones estatales se unen, en nuestra Comunidad, la exigencia, a la Sra. Bravo, del cumplimiento de los Acuerdos firmados en materia retributiva, con un incremento del Complemento Específico que suponga llegar, al menos, a la media nacional y de las cantidades correspondientes al Plan de Actuación de Carrera Profesional que nos acerquen, tras 6 años de espera, a las cantidades cobradas como Carrera Profesional por el personal del Consell.
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