El grupo parlamentario socialista presenta en el congreso de los diputados una nueva proposición de ley de modificación de la ley 20/2011, de 21 de julio, del registro civil (VER PROPOSICIÓN)
UGT JUSTICIA EXIGIRÁ A TODOS LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS LA PRESENCIA Y PERMANENCIA EXPLÍCITA DE LOS JUZGADOS DE PAZ EN LA NUEVA ORGANIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL
En mayo del pasado año, tras las elecciones
generales, UGT JUSTICIA remitió un escrito al entonces Presidente del Gobierno,
en funciones, y al nuevo Grupo Parlamentario Socialista (GPS), en el que le exigíamos
mantener el Registro Civil como un servicio público dentro de la
Administración de Justicia, manifestándoles, asimismo, nuestra rotunda
oposición a cualquier intento de “administrativizar” el Registro Civil,
eliminando, a medio plazo y directamente, oficinas del Registro Civil
existentes, e indirectamente, desmantelando la existencia o las funcionalidades
de los Juzgados de Paz y de las Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de
Paz.
Ante la presentación en
el Congreso de los Diputados, el pasado lunes, 7 de septiembre, por el Grupo
Parlamentario Socialista, de una nueva proposición de ley para modificar la Ley
20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, en el que se mantiene del Registro
Civil como servicio público en el ámbito de la Administración de Justicia,
este Sindicato va a reiterar a los grupos parlamentarios su firme compromiso en
la defensa de la participación de los Juzgados de Paz (y Agrupaciones de
Secretarías de Juzgados de Paz), con funcionarios judiciales, en la nueva organización
del Registro Civil recogida en la Ley 20/2011 y que esta participación quede
clara y explícita.
El Registro Civil sigue
siendo, actualmente, uno de los servicios públicos mejor valorados por la
ciudadanía, con posibilidades de mejora en sus funcionalidades y competencias,
si se le dota de medios organizativos, materiales y humanos adecuados; está
servido por funcionarios preparados y competentes, y vertebra todo el
territorio español, al llegar a todos los ámbitos, urbanos y rurales. Y un
servicio público que está bien valorado y que funciona bien no puede
deteriorarse en una reorganización que “desmantele” todas las competencias de
registro civil de los Juzgados de Paz y Agrupaciones de Secretarías de
Juzgados de Paz.
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