El pasado viernes se notificaron ceses con efectos a 30 de diciembre sin identificar los puestos afectados, sin explicar los criterios de reclasificación y sin justificar el orden de cese aplicado, impidiendo comprobar si las decisiones adoptadas se ajustan a la legalidad vigente y, en particular, a lo establecido en la ORDEN 30/2025.
Todo ello, además, en pleno periodo navideño, con gran parte del personal de vacaciones, limitando de forma evidente la capacidad de informarse, contrastar datos y ejercer derechos ante decisiones con impacto laboral inmediato.
Desde UGT hemos exigido explicaciones claras y por escrito, porque la reorganización de la Administración de Justicia no puede gestionarse con opacidad ni mediante decisiones comunicadas de forma abrupta y sin reglas visibles. Menos aún cuando la falta de información abre la puerta a interpretaciones desiguales, a aplicaciones no homogéneas de la norma y a que determinados criterios no escritos acaben pesando más que los previstos legalmente.
La implantación de los Tribunales de Instancia debe basarse en normas objetivas y verificables, no en decisiones difíciles de explicar ni en dinámicas que puedan generar la percepción —legítima— de que no todo el personal es tratado con los mismos criterios.
UGT seguirá vigilante y actuará frente a cualquier desviación que convierta este proceso en un ejercicio de discrecionalidad encubierta.
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