Tras la petición unánime de todos los sindicatos, ayer se celebró un Comité de Seguridad y Salud Autonómico para tratar, como único punto del orden del día, la Resolución de la Dirección General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia como consecuencia de la Resolución de 8 de octubre de 2021, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan medidas en materia de salud pública en el ámbito de la Comunidad Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
En primer lugar, se nos informó que con dicha resolución “SÓLO” se pretende adaptar los aforos establecidos en los Planes de Contingencia de las distintas sedes judiciales a la “FAVORABLE EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA”, por lo que pasan a ser el 100% de la capacidad de las sedes, excepto en algunos puntos muy concretos (Registro Civil de CJV, por ejemplo). EN NINGÚN CASO SUPONE DEJAR SIN EFECTO EL RESTO DE MEDIDAS preventivas de carácter organizativo, colectivo y personal implantadas como consecuencia de la pandemia. Ello incluye medidas como la CITA PREVIA que, aunque ya NO ES OBLIGATORIA para entrar en la sede, la aplicación sigue activa SI SE QUIERE UTILIZAR. También permanece el TRABAJO A DISTANCIA (que casi quedó sin efecto con la instrucción del pasado 25 de octubre que lo reducía a un día a la semana siempre que se garantice la presencia del 70 % de la plantilla).
Tras esta introducción por parte de los representantes de la DG, los delegados de prevención en unidad de acción ante el Comité Autonómico de Seguridad y Salud Laboral, hicimos constar que LEVANTAR LAS RESTRICCIONES VIGENTES EN MATERIA DE AFORO, ASÍ COMO LA ELIMINACIÓN DE CUALQUIER OTRA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS que en estos últimos meses hayan sido instauradas, ES UNA CONDUCTA IMPRUDENTE ante la ACTUAL SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA de la pandemia por covid-19, con un progresivo y exponencial incremento en los últimos días de la incidencia acumulada (150.70 casos por 100000 habitantes a 23 de noviembre, situación esta que no tiene nada que ver con la existente en la fecha de publicación de la Resolución de 8 de octubre de 2021, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública y de la que es consecuencia la Resolución de la DG Modernización y Relaciones con la Administración de justicia (38.06 casos por 100000 habitantes) (ver nota adjuntada al acta). Además, PLANTEAMOS CUATRO CUESTIONES CONCRETAS: -
¿Qué medidas de prevención hay previstas para el caso de continuar el agravamiento de la situación epidemiológica? - ¿Hay previstas medidas específicas para las sedes judiciales ubicadas en poblaciones en situación de alto riesgo? - ¿Las sedes judiciales se verán afectadas por la implantación por el Consell del pasaporte COVID? - ¿Cómo se va a gestionar la inoculación de la 3ª dosis en los funcionarios de Justicia?.
Para obtener la respuesta de las mismas, la Secretaria del Comité nos remitió a las FUTURAS ACTUACIONES O RESOLUCIONES que adopte la Conselleria de Sanitat en materia de Salud Pública, GARANTIZANDO LA PRONTA RESPUESTA DE LA DG a los escenarios que puedan plantearse y que no se pueden ni imaginar, incluyendo reimplantar algunas de las medidas dejadas sin efecto. Entendemos que no hace falta mucha imaginación, para PREVER lo que está ya ocurriendo en nuestro entorno.
Las cuestiones para las que SÍ tuvieron respuesta fueron:
- La provisión de EPIS (mascarillas, geles, ….) está garantizada a un largo plazo. Al respecto, se insistió en la RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL para mantener las medidas preventivas: uso de mascarilla, lavado de manos, mantener las distancias y evitar los contactos sociales (almuerzos,..). ¿También son responsabilidad individual las medidas organizativas y colectivas adoptadas?
- La colaboración de la Guardia Civil y empresas de seguridad para salvaguardar el cumplimiento de aforos y medidas higiénicas está garantizado.
- Se continuará reforzando la limpieza de las sedes. Recientemente se han cambiado los contratos de la mayoría de las empresas, por lo que habrá que esperar un poco para ver los resultados.
- Los casos de confinamiento por contacto estrecho con algún familiar y/o allegado, en los que no se pueda realizar trabajo a distancia (teletrabajo), serán tratados de manera individualizada en las respectivas Unidades Administrativas.
- Los reconocimientos periódicos para vigilar la salud de los trabajadores se reanudarán en cuanto se disponga de personal para ello. Actualmente hay 1 médico para 60000 funcionarios. ¿De quien es la responsabilidad?
- Se cree que en unos 2-3 meses quedará habilitada la puerta trasera del Registro Civil de la CJV, pues ya está iniciado el proceso de adjudicación, firma de contrato y suministro de arcos y escáneres para las entradas.
Por último, en el apartado de ruegos y preguntas:
- Se nos informó, tras la pregunta formulada por UGT, que el traslado de los juzgados de pr. Inst. instr, nº 4 y 6 de Sueca se producirá a lo largo del primer trimestre de 2022. En sus instalaciones se ha tenido en cuenta su actual plantilla (lo que incluye los refuerzos).
- Se solicitó por parte de UGT, una aclaración de por qué se habían cerrado los accesos que disponía los funcionarios en Avenida Aguilera y Pardo Gimeno, mientras que en otras sedes se mantienen, justamente para evitar las aglomeraciones en las entradas principales de los edificios, respondiendo que no tenían conocimiento de ello, y que procederían a hablar con el Juez decano para habilitar nuevamente dichos accesos, atendiendo a que los planes de contingencias no se han modificado y consecuentemente tampoco las medidas preventivas como sería el caso, tan sólo la modificación afecta a los aforos en los edificios.
- Se expuso por parte de UGT la problemática existente en el Registro Civil de Alicante, en el que a pesar de la reforma efectuada implementando la ventilación mecánica existente en dicho edificio, se habían recibido instrucciones por parte de unos de los LAJS del Registro Civil exigiendo la apertura de la puerta de acceso conllevando no solo perdida de eficiencia energética, sino lo más grave la imposibilidad de trabajar por parte de los funcionarios atendiendo a que tienen que ir con abrigo y guantes del frío que hace, dada la corriente de aire que se genera con la apertura de la puerta. La contestación de infraestructura es que ni es competente el LAJ para dar dicha instrucción, ni está justificado atendiendo a que se dispone de la suficiente ventilación mecánica haciendo innecesario la apertura de la puerta principal. Se acuerda en el Comité que acudirá el Gerente a hablar con el LAJ, para exponer lo anteriormente indicado y proceder al cierre de la puerta de acceso que se abrirá exclusivamente cuando accedan o salgan del edificio el personal funcionario o ciudadanos.
- Finalmente, respecto de la reforma prevista en los dormitorios de la guardia, todavía se está finalizando la redacción del proyecto. ¿Consultarán el proyecto previamente a su ejecución con los representantes de los trabajadores, cumpliendo con la LPRL? ¿Apostamos?
Por cierto, aunque sabemos de su interés por acudir a las reuniones, incluso informales, al principio de la reunión, se excusó el retraso de la Directora General porque coincidía con otra reunión. Finalmente no apareció. Lamentamos su ausencia en este foro formal y de interés para todos.
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