En UGT hemos
tenido conocimiento de la remisión, el pasado 11 de abril, al Ministerio de
Justicia, de un documento titulado “PROPUESTAS DEL CONSEJO GENERAL DEL
NOTARIADO RELATIVAS A LA SITUACIÓN GENERADA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19”, elaborado por el Consejo General
del Notariado de España. En dicho documento se recogen una serie de propuestas
que pretenden intervenir en la Administración de Justicia, asumiendo
competencias que actualmente están vinculadas a la actividad judicial.
Ante
esta situación:
- UGT, como sindicato con representación en la Mesa Sectorial
Estatal, se ha dirigido al Ministerio de Justicia para advertirle que acceder a
las modificaciones legislativas propuestas por el Consejo General del
Notariado, que, además, pretenden que se aprueben mediante un Real Decreto Ley,
significaría eludir el ordenamiento jurídico y la negociación colectiva, en la legitimación negocial y en la competencia
material, recordándole que el Decreto Ley está reservado a
supuestos de extraordinaria y urgente necesidad.
- UGT se ha dirigido también a cada una de a las
CC.AA. con transferencias de gestión para
que ejerzan sus competencias ante el Gobierno de España y exijan del
mismo que no se tengan en cuenta las propuestas remitidas por el Consejo
General del Notariado para intervenir y asumir competencias en la Administración
de Justicia.
En
el documento remitido al Ministerio de Justicia se señala que el Pleno del
Consejo General del Notariado de España ha considerado conveniente aportar al
Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de Seguridad Jurídica
y Fe Pública, ideas, sugerencias y
soluciones que podrían servir para evitar o paliar alguno de los efectos
negativos de la crisis que padecemos, refiriéndose algunas de ellas al ámbito
específico de la Administración de Justicia. El Consejo General del Notariado
considera que dichas soluciones podrían tener un fácil desarrollo e implementación normativa, incluso con la utilización del Real Decreto-Ley, en el caso de que se consideraran
urgentes e inaplazables.
También
se detallan diversas medidas para una posible intervención del Notariado en el
Servicio Público de Justicia, autoproponiéndose para asumir
competencias que actualmente se ejercen, en reserva de cargo y función, por
funcionarios públicos propios de la Administración de Justicia.
Estas medidas están directamente relacionadas con los procedimientos declarativos de
ejecución, la función preventiva de litigios, la consignación, la separación y
el divorcio de común acuerdo con hijos menores, las subastas electrónicas, la
conciliación previa al acceso a la vía jurisdiccional, la jurisdicción
voluntaria y determinadas autorizaciones judiciales del ámbito civil y
mercantil,
así como con el ofrecimiento de su “colaboración” en materias del Registro
Civil.
Esta
propuesta del Consejo General del Notariado se acompaña de un anexo normativo
que incluye los textos articulados de las normas legales de las que se propone
su modificación. Textos articulados que se utilizarían como vehículo para
facilitar su intervención en asuntos que actualmente, y de forma exclusiva,
están residenciados en el ámbito competencial de la Administración de Justicia.
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