DESDE UGT HEMOS REIVINDICADO ANTE EL MINISTRO DE
JUSTICIA MANTENER LOS JUZGADOS DE PAZ Y EL REGISTRO CIVIL COMO SERVICIO PÚBLICO
DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y NOS OPONEMOS A LA PÉRDIDA DE
PUESTOS DE TRABAJO O DE DESTINO CON LA IMPLANTACIÓN DE LOS TRIBUNALES DE
INSTANCIA
La Federación de Empleadas y Empleados de los
Servicios Públicos (FeSP) de UGT se ha reunió este miércoles con Juan
Carlos Campo, ministro de Justicia, para presentarle sus
propuestas para la Administración de Justicia. UGT ha aprovechado la primera
reunión de la Mesa Sectorial de Justicia para señalar prioridades del sector
como las desigualdades salariales entre el personal funcionario de Justicia, la
falta de una carrera profesional real y la promoción de un protocolo integral
frente al acoso laboral y de riesgo psicosocial en la Administración
de Justicia que incluya a todos los operadores.
En su intervención, la responsable del Sindicato de
Justicia de UGT, Victoria Carrero, ha subrayado que “la
principal reivindicación de su organización para esta legislatura es la
implantación de la carrera profesional” ofreciendo al
Además, los responsables de UGT han trasladado al
Ministro la necesidad de poner en marcha medidas que modernicen la
Administración de Justicia, ahora mismo más propia del siglo XIX que del siglo
XXI. Para llevar a cabo este proceso, el ministerio necesita un presupuesto
mayor y más medios materiales y humanos. Este reto no se puede afrontar sin
facilitar el desarrollo profesional del personal de la Administración de
Justicia. En este sentido, UGT cree que la carrera profesional horizontal es la
oportunidad para aprovechar la experiencia acumulada de sus trabajadores,
contribuir a la modernización deseada y ofrecer un servicio público de calidad.
El Ministro Juan Carlos Campo hizo una exposición de
su proyecto llamado Justicia 2030, al que definió como “una caja vacía
que vamos a llenar entre todos”. Para ello ofreció a los sindicatos como al
resto de los colectivos de la Administración de Justicia, la participación en
este proyecto y anunció que en breve se remitiría un cuestionario referido a
las condiciones laborales de los funcionarios y a las propuestas organizativas
que ayer esbozó.
El cambio en la organización judicial que se pretende se basa en la implantación de la oficina judicial, los tribunales de instancia y la modificación de los partidos judiciales, manteniendo oficinas en las cabezas de los partidos judiciales pero sin quitar ninguna oficina y sí transformando sus competencias. UGT indicó la necesidad de corregir los problemas de la Oficina Judicial allí donde está implantada, y se opuso a la pérdida o supresión de cualquier puesto de trabajo o de destino existente en la actualidad y recordó la necesidad de mantener una estructura nacional que impida que se vacíen los territorios.
En relación con el Registro Civil manifestó que el
modelo no está aún definido, sin concretar nada más; tampoco quiso asegurar el
mantenimiento o no de las oficinas del registro en los Juzgados de Paz. Respecto
al personal sí matizó que no se perderá ningún puesto de trabajo y que “después
de la desjudicialización” el encargado y la plantilla seguirán perteneciendo a
la administración de Justicia. Por UGT se solicitó que las plazas de encargados
de registro pudieran ocuparse tanto por un LAJ como por un Gestor Procesal. En
cuanto a su puesta en funcionamiento nos anunció que será progresiva.
El Ministro se mostró decidido a transferir la
instrucción penal al Ministerio Fiscal y en este sentido, presentará al consejo
de Ministros su proyecto antes de finales de año. A partir de ahí se entraría
en su negociación, estimando el ministro que esto puede llevar tres o cuatro
años hasta su implantación.
UGT aprovechó la reunión para exponerle al Ministro y a su
equipo todas las reivindicaciones laborales que afectan al personal de la
Administración de Justicia, entre ellas:
UGT reivindicó como prioridad ante el Ministro y su equipo
la necesidad de implantar en la Administración de Justicia la carrera
profesional horizontal, que suponga para el trabajador una posibilidad real de
promoción sin tener que cambiar de plaza o puesto de trabajo. Reiteramos que es
la mejor oportunidad para la Administración de aprovechar la experiencia
acumulada de sus trabajadores y contribuir a la modernización deseada y ofrecer
un servicio público de calidad.
UGT expuso que es necesario el desarrollo de un Protocolo
Integral frente al acoso laboral y los riesgos psicosociales en el que estén
incluidos todos los operadores del ámbito jurídico; en este sentido también
pedimos la creación de un Comité Técnico de Prevención de riesgos laborales.
UGT expuso su preocupación por la implantación de manera
generalizada de la Oficina Judicial: es necesario evaluar el modelo
implementado hasta ahora y corregir las deficiencias existentes. En este
sentido el Ministro dijo que se iba a redefinir el modelo de nueva Oficina
Judicial, eliminando el SCOP, si bien se continuará con la implantación de la
Oficina Judicial, de una manera paulatina y no uniforme en todo el territorio,
realizando los cambios oportunos.
En la reunión por parte de UGT se
pidió que continúen las Ofertas de Empleo Público para dar
estabilidad a las plantillas así como seguir potenciando la promoción interna
con la oferta del 50% tal y como existía antes y la creación de nuevos órganos
judiciales. También se reivindica el aumento de la plantilla de funcionarios en
aquellos juzgados donde se nombren jueces de refuerzo.
Respecto a los concursos de traslado hemos exigido su
convocatoria en el Primer Trimestre de cada año y una resolución más ágil y
eficaz.
UGT aprovechó la reunión para pedir más formación
presencial y el reconocimiento de las nuevas tareas que realizan los
funcionarios de justicia con la utilización de las bases de datos y otras aplicaciones
informáticas judiciales. En este sentido también se reclamó un complemento por
estas nuevas funciones como ya lo viene cobrando otro colectivo.
Por supuesto, también le hemos manifestado al Ministro
nuestra total oposición a cualquier medida que suponga perdida de puestos de
trabajo, traslados forzosos y masivos del personal, la desaparición del
Registro Civil o de los Juzgados de Paz
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