El Ministro, a pesar de lo ocurrido en el
Pleno del Congreso ante la votación de su proposición de Ley para reformar la
Ley 20/2011, mantiene su posición, y así nos lo ha trasladado a las
organizaciones sindicales de que el Registro Civil tiene que ser público,
gratuito, cercano al ciudadano (conservando la actual estructura territorial) y
servido por los funcionarios de la Administración de Justicia.
A raíz de esta manifestación UGT
preguntó que cuales son sus planes para conseguirlo, con el poco tiempo que
queda hasta el 30 de junio de 2018, fecha en la que finaliza la vacatio legis y
si no se consigue un acuerdo entrará el próximo 1 de julio de 2018 en vigor la
Ley 20/2011, la cual rechazamos rotundamente.
El Ministro nos comunicó que él
no tiene ningún problema en utilizar la proposición de Ley presentada por el
grupo parlamentario unidos podemos, y utilizarla para conseguir el objetivo
final, que no es otro que mantener el Registro Civil en nuestra administración
y con los funcionarios de justicia al frente.
Desde UGT le manifestamos que nos
alegra que siga manteniendo su palabra a pesar del revés que sufrió con el
rechazo a aprobar, los demás grupos parlamentarios, la consideración de la
proposición de ley preparada por este Ministerio y por su grupo parlamentario.
Ante esta situación, UGT propuso
al Ministro que lo importante ahora y con lo que hay que empezar a trabajar ya,
por el poco margen que nos queda de tiempo, es presentar una propuesta de una
nueva vacatio legis de varios años, y una vez haya conseguido los apoyos
necesarios para su aprobación, comenzar ya a proponer y consensuar las
enmiendas necesarias para sacar adelante una nueva Ley de Registro Civil, con
la plataforma digital en pleno funcionamiento y con capacidad necesaria para
poner en marcha el folio único personal.
El Ministro nos planteó comenzar
la semana que viene a trabajar en las propuestas de enmiendas que van a
realizar sobre la proposición de Ley de Podemos, pero desde UGT le manifestamos
que nos parece bien, pero que corremos el riesgo de trabajar en estas enmiendas
y que si no obtienen los apoyos necesarios para su aprobación, el tiempo
jugaría ya en contra y el tiempo de la vacatio legis finalizaría con la
gravísima consecuencia que ello acarrearía, es decir entraría en vigor la Ley
20/2011.
Sólo con una nueva vacatio legis de mayor plazo conseguiríamos el
tiempo necesario para poder consensuar un acuerdo que de una vez por todas
blinde este servicio público en la Administración de Justicia y se implemente
con las mejores herramientas digitales, conservando todas y cada una de las
plazas de sus plantillas y todas y cada una de las oficinas existentes al día
de hoy.
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