El Consejo de Ministros del pasado 28 de
julio adoptó el ACUERDO por el que se
autoriza la celebración de un contrato de servicios, de dos lotes. para el desarrollo de la aplicación informática de gestión del Registro
Civil Digital, por un valor estimado de 15.200.000 euros.
Por todos es sabido que el Colegio de
Registradores Mercantiles y de la Propiedad tiene desarrollada una aplicación informática
para la llevanza del Registro Civil (en adelante RC), ya que el anterior
proyecto de reforma de la Ley del Registro Civil les atribuía la competencia
para su llevanza.
UGT, por responsabilidad, y ante la
inminente licitación de este contrato, hemos remitido sendos escritos a la
Secretaria de Estado de Justicia y a los grupos parlamentarios del Congresos de
los Diputados, para conseguir, entre otros objetivos:
1.- Que se
hagan públicas las condiciones del contrato y de todas las empresas que se presenten a la licitación, con el
único fin de:
- Que exista
mayor vigilancia y control sobre los participantes, pues si en la licitación participase el Colegio de Registradores, entendemos que ello podría provocar la
existencia
de un conflicto de
intereses, puesto que el propio Sr. Presidente del Gobierno es Registrador de
la Propiedad. Además, el Colegio de
Registradores partiría de una posición más ventajosa y menos gravosa puesto
que, como ya hemos mencionado al principio, tiene desarrollado un programa que
inicialmente estaba pensado para llevar el RC. Asimismo es necesario controlar
el objeto social/empresarial de las empresas o grupos licitadores, para que
tengan en su fin y objeto social real el
desarrollo de aplicaciones informáticas. Desde luego el Colegio de
Registradores no tiene entre sus objetivos sociales el desarrollo de
aplicaciones informáticas para terceros.
- Conseguir
que la aplicación se desarrolle por empleados públicos
del propio Ministerio de Justicia , con el fin de evitar y dejar abierta la
puerta a una futura privatización del RC
y a la posibilidad de que se produzcan
fugas de datos, por brechas de seguridad, como ha ocurrido recientemente
con la aplicación LexNet, al externalizar los servicios informáticos del
Ministerio. Los datos personales que se tratan en el Registro Civil son muy
importantes puesto que afectan a la intimidad de las personas y a su vida
privada, y al tener, dichos datos, un gran valor económico para las entidades
privadas, los mismos deben estar sumamente protegidos, tal como establece la
propia Ley de Protección de Datos.
La relevancia del
potencial económico de dichos datos queda patente en el libro “La modernización de los
Registros. Una reforma estructural pendiente y un proyecto de datos “, publicado el pasado 1 de junio de 2015, y
escrito por el ex-Director General de los Registros y del Notariado, del
Ministerio de Justicia, Javier Angulo Rodríguez y miembro del Colegio de Registradores. En este libro, y más concretamente en
sus págs. 63 y 64, se dice:
“….. al mismo tiempo, la liberación de
datos conlleva también un potencial económico, ya que constituye una base
esencial para muchos productos de información digital y hace posible
desarrollar nuevos productos, servicios y mercados……El mercado único digital de reutilización
de la información del sector público tiene un valor económico en la Unión
Europea estimado en 40.000 millones de euros por la Comisión Europea,
aunque esa estimación se queda,
probablemente, muy corta. Según un informe elaborado por Mckinsey, referido a
sólo siete sectores económicos, las iniciativas Open Data pueden desbloquear un
valor económico de entre 3,2 y 5,3 billones de dólares anuales”.
UGT HA SOLICITADO, tanto a la Secretaria de Estado como a
los grupos parlamentarios, en los escritos remitidos:
- Que por parte de los grupos parlamentarios se ejerza, si cabe, un control extremo sobre todo este proceso que entendemos aboca a una privatización futura del Registro Civil, que entre todos debemos evitar.
- Evitar la externalización del servicio y conseguir que esta aplicación sea desarrollada por funcionarios públicos y por el propio Ministerio de Justicia/Gobierno de España.
- Que se hagan públicas las condiciones del contrato y el listado de todas las empresas que se presenten a la licitación, así como los motivos concretos de la adjudicación.
- Que se garantice en sede parlamentaria la privacidad, el uso adecuado, la custodia, fiabilidad, trazabilidad, ubicación y protección de los datos personales incluidos y tratados por el sistema y así evitar cualquier interés económico privado, puesto que los datos personales que se manejan en el Registro Civil son datos de especial protección por la LPD.
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