viernes, 29 de abril de 2016

UGT REIVINDICA RECUPERAR LAS 35 HORAS DE JORNADA LABORAL

La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT mantiene entre sus objetivos en las negociaciones volver a la jornada semanal de 35 horas en las Administraciones Públicas donde ya estuviera implantada. Además, UGT trabajará por su ampliación a nuevos convenios y acuerdos para el colectivo de empleados públicos.

Durante el último año, UGT ha desarrollado diversas acciones de protesta y procesos de negociación, muchos de ellos con resultado positivo, para recuperar este derecho. Castilla-La Mancha y Euskadi son algunos ejemplos. En la actualidad, el Ayuntamiento de Madrid se encuentra en plena negociaciación, tras la campaña de recogida de firmas que UGT ha mantenido entre los empleados públicos de la región.
UGT recuerda que la jornada de 35 horas semanales era un derecho reconocido a muchos empleados públicos hasta que el Gobierno de Mariano Rajoy promulgase el Real Decreto 20/2012, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público y su posterior aplicación en el conjunto de administraciones.
La jornada de 35 horas semanales es una innegable mejora en las condiciones de trabajo de los empleados públicos y una buena herramienta para generar empleo en los servicios públicos y rejuvenecer sus plantillas. En los últimos cuatro años, la Oferta de Empleo Público (OPE)  se ha mantenido congelada: sólo se han repuesto una mínima parte de las bajas que se producían en los sectores denominados esenciales, que han visto como descendía su calidad y cobertura debido a las políticas neoliberales.
El número de empleados públicos resulta insuficiente para atender al conjunto de la ciudadanía: el porcentaje de empleados públicos sobre población total sitúa a España a la cola de la Unión Europea (10% menos que en Francia, 5% menos que en Reino Unido, 4% menos que Irlanda, etc).

Desde UGT nos hemos marcado como objetivos básicos,  de cara a próximas negociaciones, recuperar derechos y salarios y mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos, lo que redunda en un mejor servicio a la ciudadanía.

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