El 15 de octubre entró en vigor la modificación de la ley
que regula este trámite (ley 19/2015 de 13 de julio), pero UGT denuncia que
hasta hace una semana en los registros no contaban con el reglamento que
regulaba el procedimiento (RD 1004/2015, de 6 de noviembre), por lo que no
tenían instrucciones para actuar. En esos 18 días laborales que transcurrieron,
solo en la ciudad de la Justicia se calcula que se vieron afectadas unas 630
personas, ya que de media cada día hay de 35 a 40 citas para este trámite. UGT
manifiesta que han sido días de desconcierto,
no se podía tramitar, solo
recoger documentación. Por ello, emplazaban a las personas afectadas a volver
en días posteriores. Los afectados «han
perdido el turno y la posibilidad de tener su expediente ahora», después de
meses esperando que llegara el día de la cita, de que de cara al ciudadano
quien no hace bien su trabajo es el funcionario.
Otras de las novedades de esta ley es el examen, que es una
de las novedades junto al pago de una tasa de 100 euros. Además, ahora el
trámite se inicia a través de la web del ministerio de Justicia.
UGT considera «innecesaria» la nueva ley.. Santiago
Alegre, nuestro delegado sindical de
Justicia cree que si la digitalización partiera del registro civil «sería más eficaz»
y no supondría un elevado coste, ya que bastaría con contar con escáneres. En
cuanto al «carácter mixto» del trámite, explica que todas las administraciones
que recorre el expediente pertenecen a Justicia, por lo que ahí no ven
problema. Sobre la «tramitación excesivamente larga» que el real decreto apunta
que hay que evitar.
UGT recuerda que la dirección General de los registros y del
notariado tiene pendiente la digitalización de los expedientes de casi todo
2014 y en el ministerio de Justicia continúan todos los de 2015. También
recuerdan que solo en Valencia ciudad hay 6.000 trámites aprobados y por jurar,
por lo que recalcan que el bloqueo no se da en la administración local.
Desde UGT también criticamos la desigualdad que genera la
norma. Además de los 100 euros, hay que pagar otros 85 del examen, más lo que
pueden costar cursos y libros. Para nosotros estos son los restos de los planes
de privatización que inició Alberto Ruiz Gallardón cuando llegó al ministerio.
y que afecta a un sector «desprotegido y vulnerable.
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