Tras las denuncias impulsadas por UGT, la Conselleria de Justicia ha convocado un Comité de Seguridad y Salud extraordinario para abordar el requerimiento formulado por la Inspección de Trabajo sobre la implantación de los Tribunales de Instancia y la nueva organización judicial.
La Inspección asume así la tesis defendida por UGT desde el inicio: los nuevos protocolos organizativos afectan directamente a la carga de trabajo, la organización interna y los riesgos psicosociales de las plantillas.
Y deja algo muy claro: estos cambios no pueden imponerse sin prevención, sin participación sindical y sin coordinación entre Generalitat y Ministerio de Justicia.
Es decir: no vale reorganizar primero y preocuparse después por la salud laboral.
Mientras algunos miraban hacia otro lado, UGT llevó el problema ante la Inspección de Trabajo. Y ahora la Administración se ve obligada a abrir el debate que llevaba meses evitando.
Además, en el territorio Ministerio, las denuncias de UGT ya han forzado nuevas evaluaciones específicas de riesgos psicosociales sobre el impacto real de la implantación de la LO 1/2025, con participación sindical directa en los grupos de trabajo.
La modernización de la Justicia no puede construirse sobre la sobrecarga, el caos organizativo y el sobreesfuerzo permanente de las plantillas.
UGT seguirá presionando.
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