UGT fuerza la coordinación entre Ministerio de Justicia, CGPJ y Generalitat en salud laboral tras su denuncia ante la ITSS

El Comité de Seguridad y Salud (CSS) celebrado hoy en Valencia ha confirmado que la Dirección General de Justicia va a activar la Comisión de Coordinación de Salud Laboral prevista en el Acuerdo de Coordinación de Actividades Empresariales firmado entre Generalitat Valenciana, Ministerio de Justicia y CGPJ en 2018.

Esta actuación llega tras el requerimiento formulado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) a raíz de la denuncia presentada por UGT, requerimiento que no solo se dirige a la Generalitat Valenciana, sino también al Ministerio de Justicia, y que extiende sus efectos al conjunto de la Comunitat Valenciana.

La ITSS recuerda expresamente tres cuestiones fundamentales:

• la obligación de revisar las evaluaciones de riesgos psicosociales tras los cambios organizativos,
• el derecho de información, participación y propuesta de los representantes de los trabajadores,
• y la obligación de coordinación entre las administraciones implicadas en la nueva organización judicial.

Desde UGT hemos insistido en que la implantación de los Tribunales de Instancia no puede seguir funcionando sobre decisiones improvisadas, instrucciones internas opacas y criterios distintos según cada órgano o cada LAJ.

La organización del trabajo no puede depender de opiniones o interpretaciones individualizadas. Deben existir criterios organizativos unificados, transparentes y conocidos previamente por el personal.

UGT ha defendido además que los trabajadores deben estar representados directamente en la futura Comisión de Coordinación mediante sus delegados de prevención, porque la participación sindical en salud laboral no puede quedar reducida a una mera información posterior.

Igualmente, hemos exigido que se delimiten claramente las responsabilidades de los LAJ en materia organizativa y preventiva. La propia Inspección reconoce el papel esencial de los LAJ en la aplicación práctica de los nuevos modelos organizativos y, por tanto, la necesidad de que exista coordinación efectiva con la Administración competente en prevención de riesgos laborales.

Ante la falta de coordinación reconocida incluso por representantes de la propia Administración, UGT ha reclamado que antes de continuar con nuevas modificaciones organizativas se acuerden unas bases mínimas comunes:

• Actualización y publicación previa de protocolos, manuales e instrucciones internas.

• Determinación clara de funciones y puestos conforme a las características de cada cuerpo.

• Criterios organizativos comunes para evitar arbitrariedad y desigualdades entre órganos.

• Cronología pública de los cambios organizativos.

• Formación específica de los LAJ en prevención de riesgos psicosociales.

Desde UGT, sindicato denunciante ante la ITSS e impulsor de estas actuaciones, vamos a seguir vigilantes para que el requerimiento se cumpla íntegramente y para que la modernización de la Justicia no siga realizándose a costa de la salud laboral del personal.