Desde UGT Serveis Públics – Sector Justicia consideramos imprescindible desmontar el relato triunfalista y trasladar una lectura rigurosa y honesta de la situación real que se está viviendo en los juzgados de la Comunitat Valenciana.
La implantación de los Tribunales de Instancia en nuestro territorio se ha desarrollado en tres fases a lo largo de 2025 y afecta a 36 partidos judiciales y a un total de 334 juzgados. Sin embargo, los datos positivos que ahora se difunden proceden fundamentalmente de la Fase I, que apenas representa un 34 % del total de juzgados y corresponde, en su mayoría, a órganos de menor complejidad.
La fase final, que entra ahora en funcionamiento el 31 de diciembre, supone más del 60 % de los juzgados valencianos, incluidos los grandes partidos judiciales y los órganos especializados. Es precisamente en esta fase donde se concentra la mayor carga de trabajo y donde se va a poner a prueba, sin maquillaje estadístico, la viabilidad real del nuevo modelo organizativo.
Desde UGT advertimos además de que esta implantación se está llevando a cabo sin una dotación presupuestaria específica suficiente, tanto para el refuerzo de personal como para la adecuación de las infraestructuras judiciales. Muchas sedes no reúnen actualmente las condiciones mínimas de espacio, seguridad y funcionalidad necesarias para asumir los cambios derivados de los Tribunales de Instancia, lo que agrava aún más los problemas organizativos.
A estas carencias se suman otras cuestiones que siguen sin resolverse:
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la ausencia de una planificación real de cargas de trabajo,
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la falta de refuerzos estructurales de personal,
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la insuficiente formación de las plantillas,
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y la incertidumbre organizativa que se está generando en los centros de trabajo.
Por otro lado, la implantación de los Tribunales de Instancia en la Comunitat Valenciana afecta directamente a varios miles de empleados y empleadas públicas (entre 6.000 y 7.000 funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia).
Desde UGT denunciamos que una reforma de esta magnitud no puede implantarse sin presupuesto, sin personal suficiente y sin garantizar condiciones de trabajo adecuadas. El impacto no es teórico: recae sobre miles de personas y sobre la calidad del servicio público que se presta a la ciudadanía.
UGT no se opone a la modernización de la Justicia, pero exige que las reformas se hagan con medios, planificación, negociación y respeto a los derechos laborales, y no a base de titulares optimistas que no se corresponden con la realidad de los centros de trabajo.
🔴 LLAMAMIENTO A LA PLANTILLA
Desde UGT Serveis Públics hacemos un llamamiento a todas las trabajadoras y trabajadores de la Administración de Justicia de la Comunitat Valenciana para que nos trasladen cualquier incidencia relacionada con la implantación de los Tribunales de Instancia, especialmente en materia de:
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sobrecarga de trabajo,
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falta de personal,
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problemas organizativos,
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deficiencias de infraestructuras,
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ausencia de formación,
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riesgos para la salud laboral o inseguridad jurídica.
UGT seguirá denunciando públicamente esta situación y exigiendo responsabilidades políticas para que la implantación de los Tribunales de Instancia no se convierta en otro experimento fallido pagado por el personal y por la ciudadanía.
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