Comunicado del comité de huelga
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El comité de huelga pide a Pedro Sánchez y
Yolanda Díaz que intervengan para solucionar
el conflicto en Justicia
Negociar con el comité de huelga no es una opción sino una obligación legal que el Ministerio de Justicia está vulnerando sistemáticamente con este comité de huelga.
Así lo establece el art. 8. Dos del Real
Decreto 17/1977 disponiendo que el Comité de Huelga y el empresario afectado “deberán
negociar para llegar a un acuerdo” desde la fecha del preaviso y durante la
huelga. El Ministerio de Justicia, por tanto, con su negativa a negociar está
incumpliendo el ordenamiento jurídico vigente.
En nuestro escrito, les hemos puesto de
manifiesto el trato vejatorio y claramente discriminatorio que los representantes
del Ministerio de Justicia están dispensando hacia el 93% del personal de la
Administración de Justicia mientras que no ha tenido reparo en sentarse a
negociar y llegar a acuerdos de subida salarial con la minoría mejor pagada de la
Administración de Justicia.
La falta de convocatoria al comité de huelga
desde el pasado 24 de abril contrasta con el trato dispensado a Letrados de la
Administración de Justicia y, sobre todo, en relación con los miembros de la
misma carrera a la que pertenece la Ministra y sus homólogos, jueces y fiscales
a los que recibió en persona y les consiguió 47 millones de euros, en cinco reuniones
y sin un solo día de huelga.
Esta diferencia de trato rezuma a rancio
corporativismo clasista más propio del siglo XIX que de una Administración
moderna, y es impropio de un gobierno que se dice de izquierdas, socialista y
progresista.
Pero, además, con su deplorable actitud, el
Ministerio de Justicia está consintiendo de forma intencionada el gravísimo
perjuicio que se está produciendo a la ciudadanía con el retraso y paralización
de centenares de miles de actuaciones judiciales. Son ya cientos de miles los
asuntos paralizados en los juzgados y tribunales por esta huelga y millones de ciudadanos
y ciudadanas afectadas por el retraso y el colapso que se está produciendo mientras
que las personas responsables del Ministerio de Justicia siguen negándose a abrir
un proceso de negociación.
En este sentido, remarcamos en nuestro escrito
que los Colegios de Abogados y Procuradores están también clamando por una
solución a este conflicto ante la paralización, casi total, de la Administración
de Justicia.
Con su incomprensible e inaceptable actitud,
el Ministerio de Justicia ha lanzado el mensaje de que el servicio público de
Justicia funciona solo por las élites, por el trabajo de LAJ, Jueces y
Fiscales, ninguneando la profesionalidad del resto del personal, que conformamos
el 80% del empleo público de esta administración, que realiza funciones por encima
de las que tiene encomendadas legalmente y por las que son retribuidos quienes no
las ejecutan.
La convocatoria de elecciones no merma la
capacidad del Gobierno para seguir con su acción de gobierno y de ejecución
presupuestaria o extrapresupuestaria y lo vamos a comprobar durante estos 54 días
anteriores a las elecciones ni tampoco cesa la responsabilidad del mismo
Gobierno para solucionar conflictos y llegar a acuerdos. De hecho, ya ha
sucedido así en el pasado y no hubo problemas para negociar y llegar a acuerdos
salariales en la Administración de Justicia. En definitiva, no estamos ante un Gobierno
en funciones y la responsabilidad para con sus empleados/as públicos/as y para con
la sociedad permanece por el buen funcionamiento de los servicios públicos permanece
intacta.
Por todo ello les hemos exigido a ambos su
intervención como Presidente y Vicepresidenta del Gobierno para que ordenen a
su Ministerio de Justicia el inicio inmediato de las negociaciones con este
Comité de Huelga, demostrando así su capacidad de atender con eficacia lo que
se espera del Gobierno: que los servicios públicos de su dependencia funcionen
de forma eficaz y que los trabajadores y las trabajadoras públicas que los atienden
sean tratados con equidad, respeto y sin clasismo ni discriminación.
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