El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación del concierto que, en el trienio 2022-2024, garantizará la asistencia sanitaria a través de distintas entidades aseguradoras a todos los miembros de las carreras, cuerpos y escalas de la Administración de Justicia, así como a los funcionarios en prácticas al servicio de dicha Administración y los letrados de carrera que integran el Cuerpo de Letrados del Tribunal Constitucional. Estos profesionales de la Administración de Justicia, y sus beneficiarios, podrán optar por recibir la prestación sanitaria a través de alguna de las aseguradoras que suscriban el acuerdo.
Se trata de un concierto a tres años, orientado a la modernización y mejora de los servicios que presta la Mutualidad General Judicial (MUGEJU), garantizando la asistencia sanitaria con el mismo contenido que el resto del Sistema Nacional de Salud, que, además, afronta otras necesidades provocadas por la pandemia generada por la COVID-19, así como las derivadas del crecimiento de colectivo por la incorporación de las últimas ofertas de empleo público.
A partir del 1 de enero de 2022, fecha de entrada en vigor del nuevo concierto, el colectivo protegido por el mismo ascenderá aproximadamente a 81.000 mutualistas y beneficiarios, y al finalizar el mismo, el 31 de diciembre de 2024, alcanzará un volumen aproximado de 90.000 mutualistas y beneficiarios. La cuantía total de la contratación alcanza los 234.880.371 euros.
El concierto 2022-2024 supone una garantía de suficiencia presupuestaria con la incorporación de una prima incremental que alcanza el último año de vigencia un incremento del 10% respecto a la del 2021. Se incluye también por primera vez la financiación de gastos derivados de la situación actual de la pandemia.
El nuevo concierto apuesta por la incorporación de las nuevas prestaciones que se incluirán en la Cartera Común de servicios del Sistema Nacional de Salud, como son la prestación de reproducción humana asistida a mujeres solas, parejas de mujeres lesbianas y transexuales; necesidades sanitarias del colectivo LTBI y transexuales; prestación de ayuda para morir; así como nuevas prestaciones para las víctimas de violencia de género, como sesiones de psicoterapia ilimitadas.
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