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La consellera, en su
intervención, intentó trasladar la responsabilidad de la falta de liderazgo,
coordinación y financiación a la administración central y al ministro Bolaños,
aludiendo a la infrafinanciación histórica de la Comunitat Valenciana y a factores
externos como la DANA. Sin embargo, se silencia que, desde la llegada de la
actual presidencia de la Generalitat, la Conselleria de Justicia ha sufrido
tres cambios de conselleras y equipos, lo que demuestra una evidente falta de
continuidad y liderazgo interno que ha lastrado la correcta planificación y
ejecución de esta reforma.
Además, desde el equipo de Conselleria se destacó una supuesta negociación sindical que, en realidad, fue una negociación dada por hecha y basada en un acuerdo firmado con el Ministerio en julio de 2024, sin incremento real de plantilla. Mientras se dirige a la administración central solicitando la creación de plazas (40 de jueces y magistrados y 30 de letrados de la administración de justicia), no se garantiza un compromiso efectivo para aumentar los recursos humanos ni materiales.
A esta preocupante
falta de liderazgo y planificación se suma la carencia de presupuestos para
adecuar las sedes judiciales a la nueva estructura organizativa. Esto implica
que, a partir del 1 de julio, el cambio anunciado de los tribunales de
instancia será, en la práctica, un simple cambio nominal, sin un despliegue
real en infraestructuras ni condiciones adecuadas para el personal.
Mientras tanto, se
están revisando planos de sedes judiciales y elaborando protocolos de trabajo
que los Letrados de la Administración de Justicia deberán seguir para
garantizar una justicia ágil y eficiente. Todo ello, por el momento, se está
realizando a espaldas de los representantes de los trabajadores, en un proceso
marcado por la improvisación y el cansancio.
Además, la escasa
participación en una jornada dirigida a todos los operadores jurídicos
implicados en la reforma no es más que un síntoma del escaso interés y
motivación que existe entre los verdaderos protagonistas del proceso, quienes
deberían estar más involucrados y comprometidos con los cambios que les afectan
directamente. Esto contrasta con el gran consenso social que sí existe en torno
a la necesidad de grandes reformas profundas, centradas en la digitalización de
los procesos judiciales, la modernización de la organización judicial y el
impulso de una Justicia más cercana y centrada en las personas.
Durante la “negociación”, UGT Servicios Públicos – Sector Justicia
manifestó una firme oposición a la propuesta de reforma presentada por la
Dirección General de Justicia, al considerar que es una reforma formal y
apresurada que no aborda las necesidades reales del sistema.
La jornada de ayer
no fue sino una confirmación de lo que se esperaba. La propia DGJ reconoció
durante la sesión que carece de dotación presupuestaria y de una planificación
en la inversión necesaria para personal e infraestructuras. No contempla
incrementos de plantilla ni consolidación de refuerzos ni reorganización física
adecuada.
Además, la nueva
organización implica cambios sustanciales en funciones, jerarquías y
condiciones laborales que deben ser objeto de negociación previa y de un
acuerdo integral de garantías. UGT
Servicios Públicos – Sector Justicia exige que se
negocien aspectos fundamentales como el proceso de acoplamiento, la dotación de
personal, la especialización, la regulación de guardias y teletrabajo, y la
carrera profesional, así como el mantenimiento de derechos ya adquiridos.
En resumen, desde UGT Servicios Públicos – Sector Justicia
reclamamos una reforma real, negociada y dotada de recursos, que garantice la
eficacia del servicio público y las condiciones laborales del personal, en
lugar de una simple adaptación formal para cumplir plazos sin garantías.
En este contexto, UGT quiere dejar claro que el enorme esfuerzo de
adaptación que el personal de justicia está realizando ante las nuevas
tecnologías y estructuras no puede valorarse solo moralmente. Es
imprescindible que dicho esfuerzo se reconozca también con una retribución
justa que compense las mayores cargas de trabajo y responsabilidades. La falta
de reconocimiento económico es otro síntoma más de la improvisación con la que
se está abordando esta reforma.
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