Ante las continuas deficiencias que estamos detectando en el control de aforo de los distintos órganos judiciales, las organizaciones judiciales, en actuación conjunta, hemos solicitado a al Ilmo. Sr. Decano de los Juzgado de Valencia, a la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y a la Dirección General de Justicia una reunión urgente en aras a evaluar la situación y poder concretar las medidas necesarias que garanticen la salud de todos los actores implicados.
Todo ello en virtud de los siguientes motivos:
La excepcional situación en que nos
encontramos a causa de la pandemia mundial y las actuales regulaciones de
medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito
de la Administración de Justicia hace que, las organizaciones sindicales más
representativas debamos estar vigilantes del cumplimiento de dichas medidas y
de la salud y seguridad de los y las empleadas públicas en su ámbito laboral.
“1. Hasta el 20 de junio de 2021
inclusive, la atención al público en cualquier sede judicial o de la fiscalía
se realizará por videoconferencia, por vía telefónica o a través del correo
electrónico habilitado a tal efecto, … 2. Para aquellos casos en los que
resulte imprescindible acudir a la sede judicial o de la fiscalía, será
necesario para el público obtener previamente la correspondiente cita, de
conformidad con los protocolos que al efecto establezcan las administraciones
competentes, que deberán prever las particularidades de las
comparecencias ante los juzgados en funciones de guardia y los juzgados de
violencia sobre la mujer.”
Una vez pasados varios meses desde la puesta en marcha del Protocolo de acceso a los órganos judiciales y fiscalías de la Comunitat Valenciana de fecha 9 de junio validado por la Comisión Autonómica del Covid19 y los planes de contingencia de la Consellería de Justicia sería imprescindible la revisión de los mismos y, sobre todo, evaluar el seguimiento y aplicación de las medidas en ellos acordadas. Por ejemplo, sobre las reglas generales de acceso tenemos claro que no se cumplen:
- Se
realizarán de forma telemática o telefónica todas las consultas o trámites
que resulten factibles y siempre que quede garantizada la identidad de la
persona comunicante.
- La regla
general es la de permitir el acceso a la ciudadanía y profesionales
siempre que no se encuentre completo el aforo correspondiente a cada sede
y se justifique la necesidad o interés legítimo en el acto o actuación de
que se trate. (Esto no es así ya que tanto ciudadanía como profesionales
una vez dentro de las sedes judiciales circulan con total libertad y
respecto a la ciudadanía que tiene comparecer en actuaciones judiciales
tenemos constancia de que se permite entrar a acompañantes que no tiene
dicho interés legítimo.
- Tanto en la
entrada de los edificios como en el interior de las sedes judiciales y de
la fiscalía se guardará la distancia de seguridad de, al menos, 2 metros.
(En la Ciudad de la Justicia de Valencia las distancias de seguridad de 2
metros no se cumplen, asimismo se ha habilitado como salas de espera los
pasillos de las sedes judiciales que deben aforarse, solo hay que ver el
pasillo de la pastilla de los Juzgados de Familia que están abarrotados
generalmente).
Igualmente se han dictado una serie de normas específicas de ordenación del
acceso para la ciudadanía, profesionales, peritos, profesionales de medios de
comunicación, etc. y todos estos protocolos deben de revisarse para determinar
si deben cambiarse, eliminarse o endurecerse si así es necesario.
Por todo lo expuesto, las organizaciones sindicales representativas coincidimos en la necesidad de convocatoria de una reunión urgente de la Comisión de Seguimiento en esta materia, en la que participan todos los agentes afectados con representación, a saber procuradores, abogados, Secretario de Gobierno, Presidencia del TSJ, Consellería y la propia representación sindical.
En cuanto a los puntos a tratar, proponemos, que vista la nueva fase que dista bastante de la anterior desescalada, se aborden de manera inminente los necesarios protocolos que cada entidad aplicará:
- Control de acceso, no solo a los edificios, sino a
cada uno de las dependencias que los conforman.
- Acceso con cita previa a las sedes judiciales para
público y profesionales.
- Limitaciones y seguridad que permita cumplir con los
aforos máximos.
- Una mayor rigidez en el uso adecuado de los equipos
de protección obligatorios en toda persona que acceda a nuestros centros de
trabajo.
Por ello, y con el ánimo que desde el primer momento todos tengamos un ambiente laboral seguro y libre de posibles contagios innecesarios, protegiendo así a administradores y administrados en el ámbito judicial, exigimos en unidad sindical una solución urgente a la falta de cumplimiento de la normativa vigente. No pueden escudarse en dejar que cada órgano se auto gestione en una circunstancia que nos afecta de manera absolutamente global, y que sin directrices que cumplir, nos dejan desamparados aumentando el riesgo de contagio para todo el personal.
A esos efectos los sindicatos firmantes hemos actuado siempre de buena fe, y mantenido tanto el contacto, como la colaboración, si bien consideramos de vital importancia la aplicación de la cita previa en la Administración de Justicia, para controlar verdaderamente los aforos no sólo en los edificios judiciales sino en todas las dependencias que los conforman, tal y como ya se ha procedido en la práctica totalidad del resto de administraciones públicas. Asimismo solicitamos el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo y que se haga efectiva la puesta en funcionamiento, de forma generalizada, del mecanismo de cita previa previsto en la Ley 3/2020 de 18 de septiembre, lo que ha venido reiterándose de forma continuada en los Comités de Salud y Seguridad en el trabajo que se han venido celebrando.
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